11/16/2022 | Hannah Lilley
El conflicto de Ucrania, que dio inicio en febrero de 2022, dominó la agenda jurídica y de cumplimiento normativo de muchas organizaciones durante este año. El riesgo geopolítico y de conflicto ha evolucionado sin lugar a duda; ya no es competencia exclusiva de los equipos de seguridad global y asuntos gubernamentales. Las consecuencias secundarias que se derivan de los conflictos se integran ahora en la planificación y la estrategia de todos los departamentos, incluidos el jurídico y el de cumplimiento normativo. El conflicto ha desarraigado las cadenas de suministro y agravado las turbulencias geopolíticas al haber impuesto una multitud de nuevas sanciones contra Rusia, con consecuencias de segundo orden más allá de sus fronteras.
Geopolítica firmemente arraigada en la conformidad
Ucrania es un claro ejemplo del papel que desempeñan las sanciones en los conflictos geopolíticos. Las sanciones son una respuesta política instintiva a las crisis geopolíticas y de política exterior, y una herramienta para ayudar a los gobiernos a mantener su supremacía en determinadas áreas. La consecuencia de esto en un entorno comercial es que las sanciones perturbaron (y seguirán perturbando) tanto los mercados como la toma de decisiones internas de las empresas, incluidos los equipos jurídicos y de cumplimiento. Los gobiernos, las partes interesadas y la sociedad civil han presionado a las organizaciones para que reaccionen con rapidez y decisión, no sólo en relación con su posición sobre el cumplimiento de las sanciones, sino también con su postura sobre los negocios con Rusia en general. Una reacción rápida a las sanciones no es sencilla cuando esa respuesta es compleja y tiene diferentes matices. Aquellos que son más lentos se han enfrentado a un escrutinio normativo y de reputación no deseado.
Las consecuencias del conflicto para las empresas no se han limitado a las que tienen una presencia clara y arraigada en Ucrania y Rusia. Un sistema mundial interconectado significa que incluso quienes no tienen una exposición física directa se han visto obligados a deshacer sus redes de proveedores y clientes. Los puntos vulnerables de las cadenas de suministro ya habían sido expuestos por la COVID, pero han quedado aún más al descubierto por la agitación geopolítica. Los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo han tenido que adaptarse rápidamente, al considerar a nuevos proveedores y clientes que conllevan riesgos diferentes, y mentalizándose sobre los requisitos normativos transfronterizos que no siempre están homologados.
Además, no sólo Ucrania ha dominado el panorama geopolítico este último año. Las organizaciones, sorprendidas por la rapidez del agravamiento del conflicto entre Ucrania y Rusia, están planificando escenarios para anticiparse a cualquier posible deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China. Aunque los conflictos armados en Asia oriental parecen improbables en 2023, las guerras comerciales son muy perturbadoras, y los consejos de administración tienen que reimaginar sus cadenas de suministro para garantizar la resistencia futura. Todo esto lo saben los profesionales jurídicos y en materia de cumplimiento normativo. Cada vez más, los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo tienen voz fuera del ámbito de lo que tradicionalmente se consideran sus principales responsabilidades. Su perspectiva sobre cuestiones geopolíticas y normativas complejas es clave para la planificación de escenarios a largo plazo y la estrategia empresarial, incluso en lo que respecta al replanteamiento de las cadenas de suministro. La revisión de las cadenas de suministro está en marcha desde hace tiempo: las fuerzas perturbadoras de la pandemia, la volatilidad económica, el riesgo energético y el aumento del proteccionismo estatal han impulsado un replanteamiento de la cadena de valor a lo largo de varios años. Los acontecimientos de 2022 han puesto de manifiesto la importancia de acelerar este proceso. Ante el deterioro de las relaciones con China, muchos países de occidente presionan para que se controle más el papel de las empresas chinas en sus cadenas de suministro. Las organizaciones (en particular las que operan en sectores sensibles o estratégicos) se están asegurando de poder desvincular las cadenas de suministro críticas en caso necesario, y los equipos jurídicos y de cumplimiento están reconsiderando qué factores forman parte integrante de su registro de riesgos.
Retos normativos impulsados por la fragilidad fiscal
El año pasado se produjeron algunos cambios en el frente de la transparencia empresarial, y las autoridades y la sociedad solicitaron una mayor divulgación de la identidad de los beneficiarios de las empresas. El principal objetivo es luchar contra la delincuencia financiera: evasión fiscal, corrupción, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Sin embargo, la lucha contra la cleptocracia ha acelerado algunas de estas normativas, como la Ley de Transparencia y Prevención del Delito Económico del Reino Unido, promulgada en marzo de este año tras la invasión rusa de Ucrania. Los programas de transparencia de las empresas han tenido que adaptarse, y los equipos de cumplimiento se han planteado cómo integrar la nueva normativa y la información de que disponen en sus procesos de diligencia debida.
La regulación del año venidero también se verá impulsada por algunos factores adicionales. El aumento en las sanciones llega en un momento de turbulencias generalizadas en muchas economías. La fragilidad fiscal, la inflación, el malestar social y el populismo pueden llevar a una mayor intervención del Estado en algunos países en multitud de cuestiones, para las que los equipos jurídicos y de cumplimiento deben prepararse. En un intento por estabilizar las arcas del Estado, algunos gobiernos tendrán que encontrar fuentes de ingresos que pueden llegar en forma de impuestos a las sociedades, controles a la exportación o atribuciones sobre la cadena de suministros. Queda por ver su capacidad para recaudar fondos cuando muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley se enfrenten a limitaciones en sus propios presupuestos. En los países donde el descontento de los votantes contra los dirigentes y el sector privado es fuerte, es posible que se impulsen políticas intervencionistas, siendo especialmente probable que las empresas tecnológicas y energéticas se enfrenten a un escrutinio debido a su alto perfil y a la percepción de elevados ingresos. Es probable que las expectativas de los votantes también hagan que lo referente a factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) adquiera cada vez más importancia, y que las organizaciones tengan que demostrar la visibilidad de toda su cadena de valor, lo que corresponderá desentrañar a los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo. Como siempre, los equipos encargados del cumplimiento normativo deberán estar alerta. Estos deberán trazar un mapa de las obligaciones de información más allá de los requisitos estrictamente legales (como la próxima Ley de la Cadena de Suministros de Alemania) y anticiparse a las nuevas expectativas.
A medida que la situación económica pudiera deteriorarse junto con la tolerancia de la población, los organismos rectores de los países pueden verse presionados por la sociedad y las autoridades para tomar medidas contra las conductas empresariales consideradas perjudiciales. La incertidumbre y la complejidad de la normativa llegará a los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo. Estos equipos también tendrán que hacer frente al impacto de la recesión en algunos países sobre la cultura y el comportamiento de las empresas, ya que la fragilidad económica impulsa comportamientos humanos negativos en el lugar de trabajo. Todo esto llega en un momento en que los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo son arrastrados en múltiples direcciones, con presupuestos ajustados y expectativas altas.
Cuando la tecnología se somete a la geopolítica
La tecnología ha impulsado un cambio rápido para los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo. Estos operan en un entorno de transición trascendental, en el que la mayoría de sus atribuciones han recibido (o recibirán) impactos. La tecnología ha facilitado nuevas formas de comunicación con aplicaciones o redes sociales, ha influido tanto en el volumen como en la accesibilidad de los datos en las investigaciones internas, ha impulsado el crecimiento de nuevas transacciones que analizar (como las criptomonedas) y ha creado nuevas consideraciones en torno a la privacidad de los datos. La política tecnológica también está reconfigurando el panorama jurídico y de cumplimiento normativo, lo que obliga a las empresas a evaluar los riesgos de la adopción de tecnología basándose en normas y reglamentos cada vez más enfocados. Muchas empresas están respondiendo a este reto adaptando planes digitales construidos sobre la premisa de que la conectividad siempre trascenderá las fronteras nacionales. Esa suposición se derrumba ahora. La fragmentación del panorama normativo en un mosaico de normas sobre privacidad de datos y sistemas que, aunque a menudo divergen, a veces se entrecruzan, está complicando la vida. El crecimiento del tecno-nacionalismo significa que los problemas técnicos, antes esotéricos, relacionados con las normas de Internet, los protocolos de red, el enrutamiento y los principios competitivos de gobernanza de Internet, se convierten rápidamente en cuestiones geopolíticas y, a su vez, de cumplimiento por derecho propio. En particular, el choque de intereses nacionales, unido a la militarización del ciberespacio, lleva a la descentralización de las propias redes, con organizaciones que responden a la creciente atención estatal a la ciberarquitectura a nivel nacional empezando a construir, en el mejor escenario, redes regionales y, en el peor, redes nacionales dentro de sus empresas. La propia infraestructura en la que se basa el ciberespacio se pone en tela de juicio, lo que significa que los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo necesitan planificar, cada vez más, escenarios futuros que antes habrían sido impensables, pero que ahora podrían llevar a una revisión radical de la forma en que sus empresas hacen negocios. Aunque la innovación digital sigue siendo un tema de conversación en los espacios de discusión empresarial (desde criptomonedas hasta el metaverso), la mayoría tendrá que enfrentarse a las realidades de una arquitectura tecnológica fragmentada, que podría inhibir o, en ocasiones, sancionar una aplicación acelerada.
Diversas perturbaciones externas ocurridas en 2022, que convergen con la fragilidad económica presente en muchas partes del mundo, han evidenciado la necesidad de astucia no sólo dentro de los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo, sino también a nivel organizativo. El impulso hacia una cultura de cumplimiento basada en valores (que muchas organizaciones trataron de fomentar en épocas postpandemia) sigue siendo crucial, aunque se ve socavado por conflictos, tanto físicos como cibernéticos, y la debilidad fiscal. Una vez más, presenciamos cómo el cumplimiento normativo se redefine para seguir el ritmo de un mundo turbulento.
Para obtener un análisis más profundo de los principales riesgos y problemas, explore el contenido de nuestro Mapa de Riesgos 2023.