Los vientos económicos desfavorables anuncian una turbulencia regulatoria
La austeridad, la escasez y los enfrentamientos marcarán la pauta en 2023. Para las empresas, añádase el intervencionismo estatal, la imprevisibilidad de las políticas y el intenso escrutinio gubernamental. Nuestro principal riesgo en materia regulatoria para el año son las turbulencias provocadas por las respuestas de los gobiernos al endurecimiento de las condiciones económicas y la mayor fragilidad fiscal.
Los gobiernos de todo el mundo se centrarán en los ingresos y se esforzarán por estabilizar las finanzas públicas. Sin importar hacia donde mire, el mundo empresarial sentirá la presión de un modo u otro.
Ya sea en forma de impuestos extraordinarios, restricciones comerciales o disposiciones proteccionistas sobre la cadena de suministro, las empresas serán el blanco de los gobiernos cuando necesiten reforzar sus finanzas y sus niveles de aprobación mediante estrategias populistas. En algunos casos, los cambios en materia regulatoria supondrán una molestia a corto plazo, pero los gobiernos también pueden aprovechar el momento para introducir cambios estructurales y a largo plazo: en materia fiscal, con respecto a las normas de inversión o en las restricciones comerciales.
El mayor control y los cambios políticos no afectarán por igual a todos los sectores. Las medidas de los gobiernos para controlar las economías en crisis o aliviar el descontento de la población por el aumento en el costo de vida afectarán sobre todo a los sectores de la élite y de mayores ingresos, y pueden incluir industrias estratégicamente sensibles: por ejemplo, la de energía o de tecnología.
Algunas jurisdicciones afectarán a las empresas más que otras. Estas corresponderán a aquellos gobiernos que no tengan a quien más recurrir. Luego de más de dos años de pandemia y del conflicto en Ucrania, países de todo el mundo –y no solo aquellos que dependen de las exportaciones rusas de energía o de cereales– han pedido a sus ciudadanos una enorme e insostenible cantidad de sacrificios. Ese cuento se ha terminado. Algunos integrantes del sector privado han prosperado justo cuando los ciudadanos experimentan la inflación más alta de la última generación, tasas de interés por los aires y un costo de vida muy superior a todo lo conocido hasta ahora.
Presionar al sector privado demuestra a los agotados consumidores y a los votantes que los gobiernos se están esforzando por aliviar la agonía de tiempos económicos difíciles. Tras la pandemia, incluso los gobiernos de tendencia liberal tendrán menos reparos en aplicar políticas intervencionistas en 2023.
En algunos casos, los gobiernos buscarán proteger a las empresas para ayudarles a sortear estas nuevas condiciones. Pero en los casos en que los consumidores se enfrenten a la perspectiva de unas condiciones de vida más arduas o a impuestos más altos, el impacto en las empresas también será significativo, por ejemplo traduciéndose en una menor demanda. En una época de populismo e inestabilidad política, la intervención y la toma de decisiones precipitadas por parte de los gobiernos pueden desestabilizar aún más el entorno empresarial, en lugar de apuntalarlo.
Entra en juego la geopolítica, que ya había empujado a los gobiernos hacia el intervencionismo en materia regulatoria mucho antes de que las dificultades económicas, la escasez y las presiones populistas se acumularan en 2022. La reubicación de las cadenas de suministro a territorios nacionales y el control de las exportaciones tendrán motivos geopolíticos y económicos.
Los cambios en materia regulatoria en 2023 establecerán un nuevo umbral de la intervención gubernamental en el mercado mundial. Se diseñarán para ser percibidos, dentro y fuera del país, en los balances generales de las empresas y en otros aspectos.
Las empresas tendrán que hacer frente a una mayor incertidumbre en torno al acceso (a los productos básicos, a los servicios públicos, a la influencia) y en torno a sus responsabilidades en materia regulatoria (niveles de tributación, controles comerciales, restricciones operativas). Para anticipar y gestionar el riesgo en materia regulatoria, será fundamental mantenerse pendiente de las tendencias mundiales y, al mismo tiempo, vigilar la relación entre las condiciones políticas y económicas y los cambios en aspectos regulatorios en mercados específicos. Esto implica un estrecho seguimiento de la estabilidad política interna y geopolítica, la popularidad y competencia del gobierno, el populismo, las condiciones económicas, la escasez de alimentos y la seguridad energética, todos ellos factores que determinarán la naturaleza, el tono y los objetivos de las medidas políticas del gobierno, así como las reacciones a las mismas. Prepárese para la resistencia a la complejidad regulatoria; prepárese para las turbulencias, incluida la inestabilidad política y el malestar social.
