Crisis política en Perú

Por Laura Sharkey, analista principal para Perú
 

Hace un mes la mayor crisis política que enfrentaba Perú estaba relacionada con el estancamiento legislativo y el impedimento de proceder con cualquier intento de reforma con un Congreso controlado por la oposición. Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien inició su mandato a mediados de 2016, ve cada vez menos probable terminar el 2018 como Presidente.

Es un escenario que pocos previeron y que evolucionó a la velocidad de la luz. El 15 de diciembre, miembros del partido de oposición Frente Amplio presentaron una moción de acusación contra Kuczynski bajo la idea de que él es "moralmente incapaz" de dirigir el país. Esta moción, que fue aprobada el mismo día, se basa en las revelaciones que hizo la empresa brasileña de infraestructura Odebrecht el 13 de diciembre, cuando confesó haber realizado siete pagos entre 2004 y 2007 por un valor de más de USD782.000 a la empresa de Kuczynski Westfield Capital Norte por servicios de consultoría para el proyecto de la carretera Interoceánica Norte.

Aunque Kuczynski ha negado su participación en las transacciones financieras, las acusaciones son suficientes para que la oposición se mantenga alentada a proceder con la moción. Kuczynski cambió reiteradamente su versión de los hechos, primero afirmando que no tenía ninguna relación con Odebrecht y posteriormente cambiando reiteradamente de posición ante las revelaciones.

El Congreso sellará su destino inminentemente. El 21 de diciembre, los 130 congresistas debatirán si se destituye o no a Kuczynski, y 87 votos serán suficientes para considerarlo indigno de su título. Con 85 votos prácticamente garantizados a favor de la moción (70 del partido Fuerza Popular, 10 de Frente Amplio y 5 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana), le será más fácil para el bando pro-acusación obtener los dos votos de lo que será para Kuczynski obtener los 43 votos que necesita para mantenerse a salvo. Aunque varios congresistas van a actuar cautelosamente antes de decidir su voto, escuchando lo que Kuczynski tiene por decir, la realidad es que esto hará poca diferencia, dado que la opinión pública parece estar contra el presidente. Según la reconocida encuestadora Ipsos, el 57% de los encuestados declaró que el actual mandatario debería retirarse.

Independientemente de lo que suceda, los altos niveles de inestabilidad política persistirán. Tanto los partidarios, como los opositores de Kuczynski están sorprendidos, y otros tantos indignados. Por un lado, sus partidarios presentarán el proceso de juicio político como un golpe de Estado por parte de un Congreso que ha ignorado el debido proceso y no ha permitido una investigación imparcial de los presuntos delitos del mandatario, haciendo ver la medida como un intento desesperado por socavar al partido gobernante y desviar la atención de las investigaciones sobre sus propios actos corruptos. Esto reducirá aún más la confianza en el Congreso como institución (el 61% de los peruanos cree que el Congreso debería ser disuelto de acuerdo con la encuesta de Ipsos). Tal vez lo más preocupante sea el hecho de que los legisladores de la oposición parezcan despreocupados por los efectos de sus acciones en la opinión pública, o en el impacto económico, político y social a largo plazo del voto.

Por otro lado, en caso de que Kuczynski sea acusado el 21 de diciembre, el primer vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el papel de presidente. Los críticos de Kuczynski criticarán las capacidades de Vizcarra para dirigir un gobierno que está asociado con corrupción, especialmente dado que el propio Vizcarra carece de la legitimidad que se derivaría de un voto popular.

¿Qué implicaría una posible destitución para los inversionistas en Perú?

Los inversionistas están claramente preocupados, el índice de acciones de S&P/BVL Perú cayó un 3,4% cuando se anunció el proceso de impugnación. Si al Congreso no le preocupan las consecuencias de la impugnación en la opinión popular, lo están aún menos por los efectos sobre el sentimiento de los inversores.

Vizcarra enfrentaría los mismos desafíos de gobernabilidad que Kuczynski, con un Congreso controlado por la oposición empeñado en socavar al partido gobernante en cada oportunidad. Como resultado, los riesgos regulatorios para los inversionistas se mantendrían altos. Kuczynski ha podido avanzar en reformas mínimas durante su mandato, en parte relacionado con las iniciativas del Congreso para impedir el avance de su agenda. En el mediano plazo, la atención se centraría en frenar las consecuencias de la crisis política, y Vizcarra concentraría sus esfuerzos en aumentar su propia aprobación en lugar de embarcarse en una nueva agenda para atraer negocios. Dicho esto, el gobierno terminaría de alienar por completo a los inversores que ya están sacudidos por las últimas novedades. No obstante, a pesar de que los megaproyectos que se planificaron para ser licitados en 2018, incluidos los proyectos de minería e infraestructura, podrían estancarse aún más, el propio Vizcarra seguiría siendo favorable con las empresas y la inversión extranjera en el largo plazo.

Vizcarra también estaría dispuesto a mostrarse a sí mismo a favor de la transparencia. En un intento por distanciarse de su predecesor, los procesos de licitación de inversiones enfrentarán un mayor escrutinio y se espera que los inversionistas demuestren estar libres de corrupción. Sin embargo, esto será excepcionalmente difícil de implementar a nivel local, dando como resultado un ambiente más confuso para los inversores que no sepan con exactitud qué protocolo seguir.

Ahora bien, es pertinente indicar que incluso si Kuczynski sigue en el poder, hay una serie de riesgos que se mantendrán altos, como es el caso de los riesgos reputacionales. Es probable que las revelaciones del escándalo Odebrecht continúen en los próximos meses, implicando a varios funcionarios, dado que es poco probable que Kuczynski sea el único político activo afectado por el escándalo, que también amenaza con dañar a varios partidos de la oposición. Las empresas también estarán cada vez más bajo la lupa, como se vio el 5 de diciembre cuando el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictaminó la detención preventiva contra importantes empleados de la mayor empresa de infraestructura del país, Graña y Montero. En el caso de que se descubra que las empresas son culpables de actos de corrupción, pueden esperar importantes repercusiones legales.

La conclusión es la siguiente; más allá de si Kuczynski es acusado o no y tiene que dejar el cargo, el gobierno real seguirá siendo un desafío significativo. El gobierno enfrentará falta de legitimidad tanto en el Congreso como con los ciudadanos. Es probable que la inestabilidad política continúe acentuada, particularmente en el corto plazo y, como resultado, el entorno regulatorio quedará relegado.