11/14/2022 | Mario Braga

Las instituciones brasileñas enfrentaron su mayor reto desde la redemocratización del país en 1985. Las preocupaciones sobre un posible cambio inconstitucional de régimen, disturbios generalizados o un incidente similar al ocurrido en el Capitolio no se materializaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 30 de octubre. Sin embargo, las empresas y los inversionistas seguirán enfrentándose a una inestabilidad institucional y política limitada, al menos hasta la toma de posesión de la próxima administración en enero de 2023. Hasta entonces, toda la atención está puesta en lo que significa el nuevo gobierno para el contexto empresarial.

Transición gubernamental

Lula ha designado al Vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, para coordinar la transición del gobierno. A pesar del silencio de Bolsonaro en la semana posterior a las votaciones, su jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, ha dado los primeros pasos para que la transición se produzca de acuerdo con la legislación brasileña.

La trayectoria de Alckmin como político centrista que solía oponerse a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT) hace de su nombramiento un esfuerzo por implementar de forma efectiva un gobierno de coalición. También ayuda a disminuir las preocupaciones entre los aliados centristas y los participantes en el mercado financiero de que el próximo gobierno de Lula estaría dominado por personas de izquierda, radicales o sólo por el PT.

Los riesgos relativamente limitados en los frentes de agitación política y de las instituciones probablemente ayudarán a reducir la volatilidad financiera. Los principales desencadenantes del cambio de actitud del mercado vendrán del proceso de transición del gobierno y de los nombramientos de los puestos del Gabinete.

Hasta el momento, las ganancias del principal índice bursátil de Brasil, el Ibovespa, y el buen desempeño del real indican expectativas positivas sobre el tercer gobierno de Lula, especialmente para los inversionistas extranjeros. Aunque es poco probable que los inversionistas locales concedan al nuevo Gobierno el beneficio de la duda, es probable que las entradas de capital extranjero sigan siendo positivas ante la ausencia de agitación política junto con una aprobación de la disciplina fiscal y una retórica orientada a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Es probable que esta situación coloque a Brasil por delante de otros mercados emergentes, como Rusia o China, en lo que respecta a la disposición de los inversionistas.

El enfoque ASG de Lula contrastará fuertemente con el desinterés de Bolsonaro por la deforestación, las poblaciones indígenas y los derechos humanos en general. Es probable que el presidente electo mejore la imagen del país ante la comunidad internacional y los inversionistas. La rápida reacción de los gobiernos extranjeros al reconocer su victoria electoral y su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) en Egipto trazan un camino claro para la reducción de los riesgos generales operativos y de reputación relacionados con los criterios ASG para las empresas que operan en Brasil. Sin embargo, las restricciones fiscales seguirán socavando la supervisión, y la carga de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de los criterios ASG seguirá recayendo en el sector privado.

Perspectivas de la elaboración de políticas

Lula será pragmático con respecto a la economía y el contexto empresarial. Es poco probable que cambie significativamente las políticas monetaria, fiscal y comercial de Brasil. El Banco Central de Brasil (BC) seguirá siendo autónomo y su actual gobernador, Roberto Campos Neto, podrá terminar su mandato en 2024 (si así lo desea). Esto significa que las tasas de interés probablemente se mantendrán estables durante los próximos meses, y que un ciclo de relajación gradual comenzará en 2023.

El límite de gasto constitucional (introducido en 2017 para limitar el gasto público y funcionar como ancla fiscal) será reemplazado por un nuevo marco normativo. Es muy probable que estas normas sean más flexibles y dejen margen para el gasto social. Dicho esto, Lula intentará demostrar una disciplina fiscal para evitar las reacciones negativas de los mercados. Es probable que una exención de gastos extraordinarios en 2023, seguida de una hoja de ruta clara de la norma alcanzable para los años siguientes, alivien las preocupaciones. Además, las reservas brasileñas de USD 326,000 millones también limitarán cualquier riesgo de incumplimiento.

En el frente normativo, las agencias sectoriales seguirán siendo en su mayoría independientes, mientras que los bancos públicos se emplearán ocasionalmente con fines de política económica, como la concesión de créditos subvencionados en un intento de impulsar el consumo y el crecimiento.

Dado que las restricciones fiscales seguirán limitando la capacidad de inversión pública en los próximos cuatro años, el Gobierno dependerá del sector privado para modernizar y ampliar la infraestructura del país. Esto se traducirá en un avance moderado de la agenda de concesiones y otros mecanismos de alianzas público-privadas. Asimismo, los riesgos contractuales serán muy bajos. Es muy poco probable que Lula revierta la privatización de la compañía eléctrica Eletrobras.

Las energías renovables seguirán siendo una prioridad en medio de los esfuerzos por diversificar la matriz energética brasileña (y reducir la participación de las centrales hidroeléctricas). Esto también contribuirá a reinsertar al país en la escena mundial como actor importante en los debates sobre el cambio climático y la transición energética. En este sentido, son previsibles los incentivos fiscales o líneas de crédito subvencionadas para la construcción de parques eólicos y solares.

El carácter estratégico de la industria del petróleo y el gas probablemente dará lugar a interferencias políticas ocasionales. Petrobras, y otras empresas estatales, se utilizarán una vez más como herramientas para la elaboración de políticas. También es probable que se adopten medidas para aumentar la recaudación de impuestos (como la introducción de un "impuesto sobre ganancias inesperadas"). En un escenario de crisis de precios, también es factible que el Gobierno adopte medidas extraordinarias para mitigar los efectos sobre la inflación. Además, es previsible que aumenten los impuestos o regalías en materia de minería, sobre todo si los precios mundiales de las materias primas siguen siendo elevados.

En términos más generales, la administración intentará introducir impuestos sobre los dividendos y el patrimonio como parte de su reforma fiscal para financiar un mayor gasto social. La reforma fiscal será prioritaria en 2023. La propuesta tratará de sustituir varios impuestos existentes por un gravamen similar al IVA, simplificando el complejo sistema tributario del país. También es probable que esto implique un cambio en los términos de recaudación de impuestos del consumo a la renta. Es posible que los salarios más altos enfrenten impuestos más elevados, mientras que los de la base de la pirámide salarial quedarán exentos del impuesto sobre la renta.

El crecimiento económico, la creación de empleos y la distribución de la renta probablemente serán claves para reducir la desigualdad social exacerbada por la pandemia de COVID-19. Lula también se encuentra ante una oportunidad para reducir sus índices de rechazo (actualmente en el 45% del electorado) e intentar reducir los niveles de polarización política. La cuestión ahora es si Lula pasará la prueba.