Crisis política en Perú: las consecuencias

Por Laura Sharkey, analista principal para Perú | 2018
 

Los inversionistas que esperaban que la crisis hubiese acabado, pueden estar muy decepcionados.

El 21 de enero selló un mes desde que el Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó de un proceso de juicio político en el que todas las probabilidades parecían estar en su contra. El mes ha estado marcado por protestas, críticas desde todos los ángulos del espectro político y una cada vez mayor polarización. Ahora que los ánimos están más tranquilos, y tanto peruanos como inversionistas tratan de dar sentido a los acontecimientos de las últimas semanas; tan sólo una cosa parece ser cierta, la incertidumbre está lejos de haber acabado.

Con el fin de contextualizar al lector, Kuczynski llegó al poder en julio de 2016 a través de una transición pacífica del poder, con una ambiciosa agenda de reformas orientadas a mejorar la infraestructura, fortalecer los sectores extractivos y proporcionar a los peruanos un acceso adecuado a servicios públicos. Sin embargo, el Congreso, controlado por la oposición, ha limitado el cumplimiento de la agenda de Kuczynski, bloqueando constantemente las iniciativas legislativas y perjudicando al Presidente y a su gabinete en cada oportunidad posible, aparentemente sin considerar unas repercusiones sociales y políticas más amplias.

La crisis llegó a su punto crítico cuando el 15 de diciembre de 2017, congresistas del partido opositor Frente Amplio presentaron una moción para destituir al Presidente, bajo la premisa de que este era "moralmente incapaz" de dirigir el país. La medida se produjo después de que 13 de diciembre, la desacreditada empresa de construcción, Odebrecht, aseguró haber realizado una serie de pagos entre 2004 y 2007 y por un valor de más de US $782,000, a la consultora del Presidente, Westfield Capital, por servicios de consultoría para la carretera interoceánica norte. La moción de destitución fue aprobada el mismo día con 93 votos a favor de un total 130.

Kuczynski por poco evitó su destitución en la votación del 21 de diciembre de 2017. La moción, que necesitaba 87 votos en el Congreso, no fue adoptada, particularmente porque varios congresistas cambiaron de opinión. La iniciativa obtuvo 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. El principal partido de oposición, Fuerza Popular (FP), que cuenta con 71 de los 130 escaños del Congreso y de quienes se creía que votarían en bloque a favor de la acusación, dio un giro inesperado cuando 10 congresistas se abstuvieron. FP está encabezado por la hija y el hijo del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Inicialmente el resultado parecía ser una pequeña victoria para la democracia, pues las faltas al debido proceso (que debía incluir una investigación minuciosa y detallada sobre las acusaciones contra Kuczynski) aparentemente influyó en el voto en contra que dieron algunos de los congresistas que previamente habían apoyado la moción. Sin embargo, cuando parecía que la crisis política había concluido, Kuczynski decidió indultar a Alberto Fujimori el 24 de diciembre alegando su condición de salud. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión.

El tema del indulto aumentará los ya altos niveles de tensión política, agregando a una lista significativa de rumores y asuntos polémicos dentro del Congreso, la idea de que el indulto fue otorgado a cambio de la salvación del proceso de destitución de Kuczynski, como parte de un acuerdo con el FP. Independientemente de si el indulto fue otorgado como parte de un trato "quid pro quo", la situación sin duda ha desencadenado en una crisis de confianza, no mucho menor entre los inversores, en el establishment político, y numerosas preguntas permanecen sin respuesta.

La primera pregunta que anda de boca en boca es si Kuczynski llegará al final de su mandato en 2021. Sobrevivió al voto de destitución de diciembre de 2017 y, aunque las investigaciones sobre sus acuerdos con Odebrecht continuarán, su presidencia probablemente sea segura en el corto plazo. Sin embargo, su posición es precaria, con un Congreso decidido a hacer cualquier cosa para socavarlo, cualquier evidencia de acto inmoral será examinada minuciosamente, y futuras mociones de juicio político no deberían descartarse por completo. Sin embargo, incluso si se repite una moción de destitución y Kuczynski deja el cargo (o si en su defecto renuncia) esto no se traduciría automáticamente en un entorno negativo para los inversores: la probabilidad de que un sucesor que rechace la inversión extranjera es mínima en este momento.

Más relevante para todos en el corto plazo es su gobernabilidad. Kuczynski está sufriendo de muy bajas calificaciones de aprobación, sus movimientos en diciembre enojaron tanto a sus enemigos como a los que lo votaron en 2016 cuando prometió no indultar a Alberto Fujimori, provocando que tres miembros del Congreso renuncien a su partido Peruanos Por el Kambio, reduciendo aún más su presencia a solo 15 escaños de los 18 que tenían. Es probable que su gabinete de reconciliación, presentado el 9 de enero, haga poco para tender puentes y con 19 cambios de gabinete en poco más de 18 meses en el cargo, queda por ver cuánto tiempo durará.

En términos generales, todo esto resalta que ahora más que nunca, los desafíos de gobernabilidad que marcaron los primeros meses de Kuczynski continuarán, pues continuará centrándose en apagar incendios políticos mientras que sus constantes cambios de gabinete se deberán ajustar a sus nuevas posiciones. Además, Kuczynski no podrá tocar ninguna legislación controvertida dada su falta de apoyo, tanto del público como dentro de la esfera política.

Con un estancamiento legislativo y una polarización política que continuarán, ¿cuáles serán las implicaciones económicas de la crisis? Por un lado, no se pueden esperar cambios importantes o abruptos en la política ni revisiones del marco regulatorio, permanezca o no Kuczynski en el poder. El gobierno necesita que la economía retenga la fuerza para recuperar la confianza y la popularidad que tanto necesita, dado que hay una plétora de proyectos que se subastarán este año especialmente en los sectores de minería, infraestructura, petróleo y gas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio estimó en enero que la inversión pública aumentaría en un 10 por ciento y la inversión privada en un 4 por ciento para el 2018.

Por otro lado, es probable que estas estimaciones sean ambiciosas y la confianza de los inversores siga siendo cautelosa. Si bien los proyectos sin duda cobrarán impulso durante todo el año, un gran número de ellos permanecerá estancado, al menos en los primeros meses del año. Por ejemplo, el proceso de licitación para la mina de cobre Michiquillay (departamento de Cajamarca) se retrasó dos meses en diciembre de 2017 debido a las circunstancias políticas, por lo que los licitantes solicitaron un tiempo para volver a evaluarlo. Además, los problemas que siempre han tenido los inversores, incluidos los disturbios sociales y el exceso de burocracia, seguirán siendo problemas a medida que el gobierno se centre en su supervivencia y otros temas urgentes caen en la escala de prioridad.

¿Qué significa todo esto para las investigaciones de corrupción en curso? En 2016, Odebrecht firmó el acuerdo más grande de corrupción hasta la fecha, luego de admitir sobornos a funcionarios en varios países, incluido Perú. Específicamente, la compañía admitió haber pagado sobornos por un valor de aproximadamente US $29 millones a funcionarios del gobierno peruano sobre las administraciones de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Humala se encuentra actualmente en prisión preventiva por presunto lavado de dinero.

Las investigaciones de corrupción continuarán, incluso las de Kuczynski, y dado el ritmo al que se intensificó el caso a lo largo de 2017, es probable que otros políticos de alto nivel se vean implicados en 2018. Las empresas también serán criticadas, los primeros casos de detención preventiva contra el personal de la junta de la mayor empresa de infraestructura de Perú, Graña y Montero, ocurrió en diciembre de 2017. Las empresas que operan en Perú pueden esperar investigaciones completas sobre cualquier evidencia de corrupción en los procesos de licitación, o posterior a estos, lo que podría ocasionar retrasos en la continuación de los proyectos, o en el peor de los casos, la cancelación de los mismos.

Finalmente, a medida que el público impulsa la mejora de los mecanismos anticorrupción, los procesos de licitación y contratación requerirán gradualmente una mayor transparencia, esto mejorará la confianza de los inversionistas en Perú a medida que el gobierno se muestre comprometido con la causa. A modo de ejemplo, en enero se aprobó una ley que impedirá que los políticos locales condenados por corrupción compitan en elecciones regionales o municipales. Si bien la corrupción a nivel local seguirá siendo un problema en el proceso de implementación de esta política, las empresas pueden esperar algunos beneficios limitados a más largo plazo al tratar con funcionarios locales.

Kuczynski pudo haber ganado la batalla en diciembre cuando se salvó del indulto, pero está lejos de ganar la guerra. Los inversionistas que esperaban que la crisis hubiese terminado pueden estar profundamente decepcionados ya que la gobernabilidad y los problemas operacionales persisten, pero aquellos que salgan de la tormenta podrían ser recompensados con un ambiente más transparente en el largo plazo, donde una gran cantidad de proyectos esperan por ser emprendidos.