Obstáculos en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica

Obstáculos en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica

En el entorno actual de gastos y programas de emergencia de gobierno, flexibilización de procesos de adquisiciones y controles, y el súbito e inesperado cambio masivo a trabajo remoto como respuesta a la pandemia del COVID-19, el riesgo de fraude y corrupción ha incrementado de manera substancial en toda América Latina.


Desafortunadamente, la situación coincide con problemáticas tendencias de observancia anticorrupción en la región. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) de 2020, publicado por Control Risks y la AS/COA, revela que la ola anticorrupción en América Latina, que ganó impulso en 2014, está ahora estancada en toda la región e incluso disminuye en algunos países.


La segunda edición del Índice de CCC cubre 15 países de América Latina que representan el 95% del PIB de la región. En lugar de medir las percepciones de la corrupción o el resultante daño económico, el Índice CCC evalúa a los países con base en qué tan efectivos son para atacar el problema. Los países con una mayor puntuación son considerados como más dispuestos a perseguir y castigar actores corruptos.

Uruguay se encuentra en el primer lugar del índice con una calificación de 7.78 de 10, lo que significa que ha sido considerado como el país más dispuesto a descubrir, castigar y detener la corrupción. La calificación general está compuesta por tres categorías: Capacidad Legal; Democracia e Instituciones Políticas; y Sociedad Civil, Medios y el Sector Privado.

Un panorama preocupante para América Latina

Al comparar los resultados para los ocho países destacados en el índice del año pasado, Chile, Argentina, Colombia y México se encuentran estancados, mientras que Brasil, Guatemala y Venezuela vieron decrementos en sus calificaciones generales. Perú fue la excepción notable, demostrando una mejora en comparación con la calificación del año pasado. Solo un país en cada categoría mejoró su calificación en comparación con la evaluación del año anterior: Perú en Capacidad Legal; Argentina en Democracia e Instituciones Políticas; y Colombia en Sociedad Civil, Medios y el Sector Privado.

Las razones del estancamiento o regresión varían. En algunos países, la arraigada clase política luchó contra los esfuerzos anticorrupción. En otros, los esfuerzos anticorrupción fueron usados para actuar contra oponentes políticos. Después de varios años de operaciones anticorrupción importantes, muchos países de América Latina ahora están experimentando fatiga de observancia anticorrupción. La atención se redirigió hacia los temas económicos y derechos humanos, que estuvieron al frente de las protestas masivas en varios países a finales del 2019. 

En algunas de las economías más grandes, vemos una imagen mixta. Aunque Brasil se encuentra en el cuarto lugar general en el índice de este año, presenta una de las trayectorias más preocupantes en la región, con una caída del 10% en su calificación general, sobre todo debido a la caída en su calificación de Capacidad Legal, que disminuyó un 14% durante el año pasado. Algunas de las principales causas de este deterioro son decisiones judiciales contenciosas que impactaron la capacidad para investigar y castigar la corrupción. Sin embargo, el presidente rompió la tradición al nombrar un fiscal jefe externo a la preselección de fiscales federales. El presidente optó por una designación que él describió como más “alineada” con él, generando dudas sobre la autonomía del puesto. A pesar de acontecimientos recientes preocupantes, Brasil continúa demostrando una capacidad relativamente robusta para combatir la corrupción.

México, que se posicionó en el octavo lugar, es otro caso notable. A pesar de la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción, poco ha cambiado, como se refleja en la relativamente baja calificación de México, esencialmente idéntica a la del año pasado. Esto se puede atribuir a una falta de progreso en reformas institucionales de largo plazo, la relativa poca importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y una dependencia creciente en gastos discrecionales en contratos públicos. La ley mexicana además vio el momentum detrás de la campaña anticorrupción de la sociedad civil debilitarse, posiblemente debido al éxito de AMLO en apropiarse de la causa anticorrupción y su retórica en contra de las ONG y otros grupos independientes.

Perú destaca por haber mejorado su calificación en seis de las siete variables de la categoría de Capacidad legal. Son destacables las mejoras en la eficacia e independencia del sistema judicial —de manera más notable mediante las contribuciones de la recién creada Junta Nacional de Justicia (JNJ)— y más efectiva aplicación de la ley. Las mejoras fueron respaldadas por la prioridad que el presidente Martín Vizcarra brindó a la agenda anticorrupción. Estos avances, combinados con resultados adversos en otros países, posicionan a Perú en el quinto lugar, casi a la par de Brasil, y por encima de Argentina y Colombia. Perú se encontraba por debajo de esos tres países en el listado de 2019.

 

Implicaciones para las empresas y sus programas de cumplimiento

Los hallazgos del índice tienen implicaciones significativas para las empresas haciendo negocios en América Latina. Revelan un entorno de cumplimiento desigual y rápidamente cambiante, complicado por la pandemia del COVID-19. Esto destaca la relevancia de la necesidad de las compañías de actualizar sus evaluaciones de riesgos y adaptar sus programas de cumplimiento para lidiar con los riesgos de corrupción.

Esto significa reforzar el compromiso con la ética y el cumplimiento mediante mensajes claros y consistentes de la junta directiva y los equipos de liderazgo, garantizando que el departamento de cumplimiento tiene suficiente autonomía y recursos para implementar y mantener un programa de cumplimiento efectivo ante la retadora realidad financiera que muchas empresas enfrentan.

Los programas de terceros necesitan ser reevaluados y, en algunos casos, rediseñados para permitir que los equipos de cumplimiento involucren a los terceros de manera rápida y responsable. Esto es crítico, dado que las empresas exploran oportunidades y buscan nuevos compañeros para lidiar con la disrupción significativa a la cadena de suministro ocasionada por la pandemia. Dada la volatilidad del entorno de negocios, los programas de terceros deberían permitir al departamento de cumplimiento monitorear a terceros una vez involucrados. Esta es una de las recomendaciones clave del Departamento de Justicia en sus recientemente actualizadas recomendaciones para la evaluación de programas corporativos de cumplimiento. Los equipos de cumplimiento necesitarán emplear tecnología para agregar y analizar datos de terceros, y automatizar el flujo de trabajo.

Para finalizar, dada la agudizada inestabilidad política a lo largo de la región y la politización de la observancia en varios países, monitorear riesgos políticos y regulatorios es ahora una actividad esencial, no solo para aquellos a cargo de las empresas, sino también para los responsables de los programas para garantizar que los negocios se realizan de manera ética y en cumplimiento.

Lea completo el reporte del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción de 2020 (en inglés).

 

Acerca del autor: 

Geert Aalbers es un Socio en Control Risks, donde lidera las operaciones en Brasil y el Cono Sur, y dirige complejas investigaciones sobre fraude, corrupción y otras violaciones éticas.